Las consultas dentales pueden ser uno de los lugares en los que se detecte el maltrato a una persona, debido a las lesiones físicas que el dentista detecta en las revisiones. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife quiere recordar que estos profesionales sanitarios cuentan, en su Código de Ética y Deontología, con la obligación de informar a la autoridad competente de forma inmediata.
Signos de alerta
En las situaciones de maltrato a la mujer, es frecuente la repetición de agresiones, por lo que el dentista puede encontrarse con lesiones en diferentes grados de evolución o repetidas con periodicidad infrecuente. Hematomas, heridas o cicatrices labiales y fracturas dentales repetidas alertarán al dentista de la posibilidad de este tipo de violencia. Es habitual que la víctima presente también una actitud retraída. En el caso de población infantil y personas mayores o con discapacidad, también es frecuente que presenten claras señales de falta de cuidados.
Obligación ética y legal
La obligación de actuar ante sospechas fundadas o certezas de malos tratos se encuentra recogida en múltiples normas legales tanto internacionales, como estatales y autonómicas, pero también se encuentra en el Código de Ética y Deontología. En su artículo 22.2, se señala que “el dentista que tuviera conocimiento o sospecha de que un paciente, y más aún si es menor o discapacitado, es objeto de malos tratos, deberá poner los medios necesarios para protegerlo y dar conocimiento inmediato a la autoridad competente.
Pasos a seguir
Si durante la atención dental, el dentista encuentra señales de alarma relacionadas con la violencia física, lo primero que debe hacer es intentar conseguir más información del paciente, sin la presencia de familiares ni cuidadores y realizando preguntas de forma cauta. Si el dentista considera que las lesiones parecen consecuencia de agresiones no explicadas y la información recibida no es convincente, debe plantearse la posibilidad de que la paciente sea víctima de violencia.
Si el profesional considera que su sospecha es fundada, debe alertar a los servicios sociales. En el caso de que el dentista esté razonablemente seguro de la existencia de los malos tratos, entonces debe denunciar la situación ante la autoridad, mediante la presentación de un “parte de lesiones”, que se puede entregar en el juzgado de guardia o en una comisaría. La autoridad competente podría iniciar así las indagaciones pertinentes. Esta acción no supone una acusación directa ni una denuncia por parte del dentista, sino la alerta de una posible situación delictiva.
